Plusvalía Municipal

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de San Sebastián ha planteado cuestión de inconstitucionalidad en relación con los artículos 107 y 110.4 del TRLRHL, por posible vulneración de lo dispuesto en el art. 31 de la CE en lo relativo a la infracción del principio de capacidad económica y lo dispuesto en el art. 24 de la CE en lo relativo al derecho a la tutela judicial efectiva.

En el auto, de fecha 5 de febrero de 2015, se concluye: “La cuestión de constitucionalidad por tanto se suscita no de la aplicación de una base objetiva de cálculo predeterminada en los artículos citados, que es conforme a la constitución cuando subyace un incremento de valor, sino que, la aplicación de esos mismos criterios cuando el incremento de valor no es real ni cierto, por la aplicación de la norma puede provocar o conllevar consecuencias contraria al principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31 de la CE de 1978 y puede devenir, además, en confiscatorio en el caso concreto.”

Por tanto, el Juzgado viene, por fin, a solicitar una solución definitiva a la controversia suscitada en relación a este impuesto y que hemos venido comentando desde PREMIER Tax Procedure, en tanto que la crisis del sector inmobiliario ha hecho que el impuesto se separe de forma injustificables del principio constitucional de capacidad económica al someter a gravamen operaciones en las que el transmitente en lugar de experimentar un incremento del valor del terreno –una plusvalía-, ha experimentado una pérdida económica, en ocasiones, muy importante.

El planteamiento de la cuestión ha llegado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el de Madrid, en distintas sentencias de estos últimos años, hayan denunciado la situación. Asimismo, los juzgados de lo contencioso-administrativo, que son los que deben resolver la demanda contra el Ayuntamiento que insiste en exigir el impuesto aun cuando no hay incremento patrimonial, también han recogido el guante. Así, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 13 de Barcelona, en enero de 2013, dictó sentencia ordenando al Ayuntamiento la devolución de la Plusvalía pagada indebidamente por una señora que acreditó la minusvalía real puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión de su inmueble. También el Juzgado Contencioso-Administrativo de Tarragona ha admitido la citada doctrina, en sentencia de 17 de septiembre de 2013, si bien en aquel caso la sentencia fue desestimatoria por cuanto el recurrente no pudo acreditar la disminución del valor de los terrenos y la consiguiente pérdida de capacidad económica.

En conclusión, ahora más que nunca, si usted vende, o ha vendido en los últimos cuatro años, un inmueble por precio inferior al de su adquisición, no se quede de brazos cruzados. Consulte a su abogado fiscalista, especialmente ahora que estamos a la expectativa de una resolución del Tribunal Constitucional que, muy probablemente, declare la inconstitucional del impuesto en su configuración actual.